Casa por casa

Recientemente el Ejército ha comenzado una nueva “estrategia” para combatir la creciente ola de inseguridad que se apodera de todo Nuevo León. Dicha operación consiste en revisar algunas residencias en diversas colonias de Escobedo, San Nicolás y Guadalupe. Para ello, las unidades castrenses se movilizan en alguna zona residencial y tocan a la puerta de los vecinos para solicitar el acceso a su hogares.

La idea detrás de esto es “combatir” delitos de alto impacto como secuestro, robo de autos y asaltos. Según se reporta, los militares solo entran a las casas en presencia de algún mayor de edad y si este autoriza el cateo. Así mismo aún no se reportan incidencias de irregularidades, maltratos o abusos de la autoridad.

Según la nota que publica el Norte la “estrategia” anterior ya cuenta con el apoyo de varios empresarios, tales como el director de la Caintra, Coparmex y el presidente de la Canaco. La bancada panista, así como Rodrigo Medina y los alcaldes de los tres municipios también justifican y aprueban la nueva medida.

No es sorprendente que se justifique una medida tan extrema bajo excusas del alto nivel de inseguridad. Acciones mucho más descabelladas han sido realizadas en otros años, en otros países, en otras épocas con la premisa de salvaguardar al ciudadano. El ir sacrificando paulatinamente libertades en pro de un mayor control de la seguridad es algo bastante delicado.

Pero aquí hay varios detalles que tratar. El primero es en la “estrategia” misma, la cual solo con el entrecomillado me puedo animar a referir. Así como otras medidas visionarias de nuestro gobierno, como quitar el polarizado de los carros, no hay una explicación concreta de como ayudarán estos operativos a inhibir los crímenes que se supone pretende atacar.

Primeramente, el hecho de que los municipios afectados presenten un índice de inseguridad marginalmente mayor al resto de la zona metropolitana no significa en ningún momento que los criminales que operan en esa región, habiten o tengan sus guaridas en la misma. Que incluso si ese fuera el caso, el buscar casas de seguridad registrando la totalidad de algunas colonias parece de entrada un método bastante ineficiente, el cuál consume el tiempo y los recursos operativos que la misma Fuerza Armada asegura son ya insuficientes.

Pero en vez de reforzar o mejorar las labores de inteligencia que permitan crear una red de información confiable, rápida y eficaz para localizar los centros de operación del crimen organizado; nuestros gobernantes deciden irse por medidas de “alta visibilidad”. El colocar centros para quitar vidrios polarizados en diversos puntos de la ciudad y tener militares entrando y saliendo de las colonias definitivamente da la ilusión de que el gobierno está haciendo algo, aunque ese algo carezca de toda relevancia e impacto.

Para muchos el patrullar constante de convoys del ejército será suficiente para sentirse más seguros y confiados de salir a la calle. Pero como nos indican los 21 muertos del Sabino Gordo el día de ayer, no parece haber mucha diferencia. Es difícil no sentirse indignado cuando esta medida nuevamente parte de la criminalización del ciudadano y la presunción de culpabilidad. Se trabaja al revés, en vez de investigar y determinar sospechosos para luego buscar pruebas en que logren procesarlos; primero se buscan pruebas que te hagan sospechoso y luego, con suerte, ya investigarán si has o no cometido algún crimen.

"Lo más importante aquí es que se tenga todo el sustento legal para que el mismo Ejército no incurra en incumplimientos legales, normativos y de reglamento", dice Guillermo Dillon, director de la Caintra. Curioso, ya que de entrada los cateos sin una orden respectiva me parecen bastante desapegados al marco legal. Y desconozco que este procedimiento tenga ya alguna normativa o reglamento relacionado.

Se dice; sin embargo, que los militares solo entran a las casas con previo consentimiento. Yo me pregunto, ¿qué consecuencias tiene el negarse a que inspeccionen tu residencia? Oficialmente ninguna; pero si los vidrios polarizados en vehículos tipo “pick-up” han sido suficiente excusa para permitir ráfagas de bala en contra de sus pasajeros; no quiero imaginar que tipo de “licencia” les puede dar una negativa a entrar a un hogar.

Si se les permite el paso, entonces se les da autoridad total para revisar cada rincón de la casa, e incluso cuestionar a sus habitantes sobre cualquier detalle que juzguen relevante. Ahora me pregunto, que tal si en vez de encontrar pruebas, armas o información que conecten a los residentes con la delincuencia organizada, encuentran indicios de activismo político, social o algún tipo de disidencia, incluyendo vinculantes a defensa de derechos humanos. En nuestro país, este tipo de actividades son altamente arriesgadas y, tristemente, esto se debe más a acciones de autoridades oficiales que de grupos particulares. Claro, que por la cantidad de periodistas y activistas amenazados es fácil darse cuenta que a ellos no tienen problemas para localizarlos.

El apoyo casi unánime y sin cuestionamientos de líderes empresariales de la región, así como políticos de todos los niveles y afiliaciones partidistas nos hace recordar al clima oficialista que tenía abrumado al país hace algunos años. Con vagas y absurdas declaraciones se lanzan este tipo de operativos sin ninguna advertencia, información o recomendación a la ciudadanía por parte de nuestros gobernantes.

En sí, una vez más estamos viendo como se toman medidas que van poco a poco recortando las libertades de la población sin ofrecer una argumentación clara sobre su justificante en términos de reducción de crimen. En el mejor de los casos lograran confiscar algunas armas, teléfonos Nextel y, con suerte, alguna casa de seguridad. “Logros” que día con día nos recetan en los noticieros locales sin que se refleje un cambio en la terrible situación de inseguridad que vive la zona metropolitana.

Las armas, drogas, teléfonos y sicarios de esos niveles más bajos se seguirán comprando con las absurdas cantidades de dinero que manejan las organizaciones delictivas. Dinero que día con día es lavado en diferentes niveles, negocios y corporaciones de la misma entidad. Pero ahí, donde el esfuerzo realmente puede reflejarse en un debilitamiento de las finanzas del crimen organizado, nadie hace nada.

En vez de ir casa por casa buscando carros robados y algunos cartuchos, bien les vendría revisar cuenta por cuenta bancaria de todos nuestros gobernantes y empresarios a nivel estatal. Eso sí, solo con su consentimiento.